Cuando el aborto es un crimen. La amenaza para las mujeres vulnerables en america latina Caso 3

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Argentina

En Argentina, los datos y casos revisados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), indican que son las personas no calificadas que sufren investigaciones, denuncias y juicios por la práctica de abortos presuntamente ilegales.

El mayor porcentaje de condenas por el delito de aborto se registra contra estas personas no calificadas. En cambio, casos como el de la médica argentina denunciada por cometer el delito de aborto (ver página 10 y ss. de este informe) son absolutamente excepcionales y, como ocurrió en ese caso, las denuncias suelen ser desestimadas. Entre 2002 y 2008, estas condenas representaron el 80% del total y fueron 4 veces superiores a las condenas registradas contra mujeres que realizaron la práctica. Entre 1996 y 2008, se verifica un total de 234 condenas por este delito a nivel nacional.

Los artículos 85 a 88 del Código Penal Nacional penalizan el aborto; las sanciones se diferencian según el actor y si la mujer dio su consentimiento para el aborto, entre otros factores. Las sanciones van de uno a diez años en prisión.

Metodología

En cada jurisdicción se presentaron pedidos de información al Ministerio Público Fiscal, a la Suprema Corte de Justicia y Cámaras de Apelaciones, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Defensa y al Servicio Penitenciario. Entre los datos que se analizaron se incluyó un informe del período de 1990 al 2008 elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) que examinó los registros judiciales sobre la penalización del aborto. La investigación verificó que se persigue cuatro veces más a personas no calificadas que a mujeres que realizaron la práctica. Además, la investigación encontró que la tendencia en la cantidad de condenas por el delito de aborto es decreciente. El estudio de Ipas actualizó la investigación de CEDES y se centró en las cuatro jurisdicciones más pobladas.

Además de registros judiciales y penales, también se examinaron los periódicos nacionales publicados entre el 2006 y el 2012.

Resultados

La investigación realizada por CEDES identificó 417 condenas a nivel nacional por el delito de aborto entre 1990 y 2008. Los registros judiciales no indican si esas personas fueron a la cárcel, pagaron una multa o si se le otorgó libertad condicional. Sin embargo, el hecho de ser declaradas culpables de un crimen significa que todas ahora tienen antecedentes penales.

Para el período 1996-2008, el total nacional de condenas fue 234.

Las jurisdicciones con más número de condenas durante este período fueron la Provincia de Buenos Aires, con el 23% del número total del país; la Provincia de Santa Fe con el 22%; la Provincia de Córdoba con el 7%; y la Ciudad de Buenos Aires con el 5%. Éstas son las cuatro jurisdicciones más pobladas de Argentina.

En la Provincia de Buenos Aires, en el período 2009- 2011 se iniciaron 343 causas penales, de las cuales la gran mayoría fueron archivadas. Es llamativa la baja cantidad de investigaciones iniciadas que se registran en la Provincia de Buenos Aires, en comparación con las que se registran en la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que la Provincia posee 5 veces más población que la Ciudad, el número neto de causas iniciadas en la Provincia y en la Ciudad varía muy poco.

Según los datos nacionales entre el 2002 y el 2008, más del 80% de las condenas fueron en contra de personas no calificadas. En la Provincia de Buenos Aires, las personas no calificadas representan el 37% de todas las condenas en el país; en la Ciudad de Buenos Aires, el 4%; en la Provincia de Santa Fe, el 20%; y en Córdoba, el 11%.

Barreras legislativas y riesgos para la salud de las mujeres

El caso jurídico Natividad Frías de 1966 estableció que una denuncia presentada por un/a prestador/a de servicios de salud en contra de una mujer por un aborto ilegal violaba sus derechos de confidencialidad y su derecho en contra de auto-incriminarse. En el 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó este principio, lo cual puede explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o encontradas culpables por aborto en comparación con el número de casos en contra de personas no calificadas que han sido investigadas, enjuiciadas y condenadas.

El caso de A. que a continuación relataremos, es excepcional. A., una médica de 34 años y madre de dos niños, trabajaba en un centro de salud en un barrio marginal de Buenos Aires. En febrero de 2011, E., una niña de 12 años del barrio buscó un aborto. La niña, acompañada de su novio, fue al centro de salud. A. le recetó misoprostol, un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo, y asesoró a E. sobre el uso correcto.

Misoprostol es legal en Argentina pero solo está autorizada su distribución para el tratamiento de úlceras gástricas. A. sabía en ese momento que recetar misoprostol para inducir un aborto era ilegal en Argentina. Sin embargo, ya que E. dejó claro que tenía la intención de tener un aborto a cualquier costo, y, preocupada por la mortalidad materna entre adolescentes relacionada con el aborto en Argentina, A. decidió recetarle el medicamento. Explicó que iba de acuerdo con sus responsabilidades éticas y profesionales de suministrar información a sus pacientes y ofrecer una alternativa al aborto inseguro. Agregó que dispensar este tipo de consejo médico era práctica común en la clínica (comunicación personal, 24 de enero de 2013).

  1. compró misoprostol y lo usó para inducir su propio aborto. Cuando los padres de E. se dieron cuenta de sus acciones denunciaron a A.

En mayo de 2011, A. fue acusada formalmente por realizar un aborto ilegal. Su defensor público compartió poca información y no aclaró lo que sucedía en el procedimiento, obligando a A. a buscar un abogado más competente por su cuenta. Fue casi un año después, en febrero de 2012, cuando finalmente compareció ante un juez. Después de un proceso penal de más de un año, en julio de 2012, la magistratura cerró el caso en contra de A. El fiscal no apeló la decisión.

Cuando se le preguntó si volvería a hacer lo mismo, A. simplemente respondió que sí.

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