Cuando el aborto es un crimen. La amenaza para las mujeres vulnerables en america latina Caso 2

venta-de-cytotec-misoprostol-medellin-colombia
Venta de Cytotec Misoprostol Medellín Colombia

Brasil:

Esta investigación encontró varios casos de mujeres esposadas a su cama cuando buscaron atención mé- dica por aborto inseguro. En un caso particularmente escandaloso, Ana, quien buscó atención en un hospital después de un aborto inseguro, fue arrestada y esposada a su cama de hospital durante tres meses porque no tenía dinero para pagar la fianza.

Aunque las tasas de condenas son bajas en comparación con las altas tasas de abortos ilegales que ocurren anualmente en Brasil, la investigación cualitativa revela que cuando las mujeres pasan por el sistema de justicia penal de Brasil, su trato es implacable, inhumano, cruel y a veces asciende a tortura. Las mujeres que son detenidas y enjuiciadas son desproporcionadamente de una condición socioeconómica baja, viven en zonas urbanas pobres, tienen bajos niveles de alfabetismo y usan el sistema de salud pública. La mayoría son de raza negra y jóvenes. Todas las mujeres tenían hijos y ninguna tenía antecedentes penales.

Para algunas mujeres, hubo retrasos excesivos entre la presentación de su caso al sistema penal y su conclusión. En un caso, el juez tardó tres años en declarar una sentencia. En algunos casos el juez determina la cantidad de la fianza y puede basarse en una escala de pagos dependiendo de lo que se supone es la condición socioeconómica de la mujer (basada en dónde vive). Las mujeres deben tener defensa legal que presente una petición en su nombre antes de ser puestas en libertad. Encontrar representación jurídica puede ser un reto.

En un hospital en Río de Janeiro, el jefe de obstetricia llamó a la policía después que una mujer con aborto inducido llegó al hospital con la ayuda de una amiga. La mujer que tuvo el aborto fue encarcelada y el médico15 fue testigo para el fiscal. Esta mujer era pobre, tenía seis hijos y se encontraba desempleada. Como condición para suspender el caso de esta mujer, el fiscal le prohibió salir a bares o estar fuera de su casa después de las 10:00 p.m. También fue obligada a inscribirse en un programa de planificación familiar y tenía prohibido viajar fuera del estado de Río de Janeiro sin la autorización de un juez. El proceso judicial tomó seis años desde que se iniciaron las investigaciones hasta que el juez tomó la decisión final para concluir el caso.

Esta investigación también notó un aumento preocupante en los arrestos de mujeres en Río de Janeiro durante el periodo del 2007 al 2011. En algunos casos, las mujeres fueron arrestadas mientras se recuperaban en el hospital de un aborto inseguro. La investigación también reveló que se penaliza a las mujeres con más frecuencia cuando se auto inducen un aborto en casa y luego buscan atención médica en centros médicos públicos que cuando usan clínicas clandestinas, por lo cual quienes prestan servicios de salud son cómplices en la violación de los derechos de las mujeres.

Registros policiales

El Instituto de Estudios Religiosos/ISER, con apoyo de Ipas, llevó a cabo una investigación de los archivos policiales del sistema de seguridad pública del estado de Río de Janeiro.16 Del 2007 al 2011, se registraron 351 denuncias policiales relacionadas con el aborto. De éstas, 334 eran en contra de mujeres que se indujeron el aborto o que acudieron a un/a prestador/a de servicios de salud para que les practicara una interrupción ilegal del embarazo. Los 17 casos restantes resultaron de redadas en clínicas en las cuales el personal de centro médico—médicos, enfermeras, recepcionistas y otros—fueron acusados de actividades criminales relacionadas con el aborto. Los registros policiales mostraron que 122 casos de aborto ocurrieron en casa de la mujer; 105 ocurrieron en un hospital o clínica; y los 107 restantes ocurrieron en otros lugares.

Un perfil de las mujeres que son denunciadas e investigadas por abortos ilegales muestra que un Brasil HALLAZGOS 8 Cuando el aborto es un crimen porcentaje desproporcionado de las mujeres son desfavorecidas de alguna manera: el 55% no era de raza blanca, más de la mitad no había completado la primaria y solo el 8% se había graduado de la preparatoria. El 78% de las mujeres eran solteras. El impacto que tiene la penalización del aborto en las mujeres jóvenes es aun más dramático: el 29% de las mujeres en el estado de Río de Janeiro son menores de 24 años; sin embargo, el 45% de todas las mujeres acusadas como criminales por un aborto ilegal eran menores de 24 años. La mayoría de las mujeres enjuiciadas tenían entre 18 y 23 años de edad. El sistema juvenil dirigió las investigaciones de 84 (el 20.2%) de los casos.

Registros judiciales

Se investigó el número de mujeres acusadas por aborto en el estado de Río de Janeiro y cómo fueron tratadas.18 Se identificaron y examinaron los registros del sistema penal de justicia disponibles en el Tribunal Estatal de Río de Janeiro durante el período del 2007 al 2010.

Resultó difícil obtener acceso a los documentos físicos; por lo tanto, se obtuvo la información pertinente sobre el número y la ubicación de los casos de aborto por medio de análisis de los registros disponibles y entrevistas con dos jueces, un defensor público, un fiscal y un notario público del Tribunal de Justicia del estado de Río de Janeiro. La última etapa de la investigación implicó el análisis de ocho casos judiciales.

Al revisar registros judiciales se encontraron 128 casos de mujeres enjuiciadas por abortos ilegales. De estos casos, solo tres casos (el 2.3%) fueron sentenciados a raíz de la evidencia en vez de por motivos técnicos o de procedimiento. Solo una de estas tres mujeres fue exonerada. Una segunda mujer recibió sentencia y en el tercer caso, el juez ordenó que la mujer se presentara a juicio ante un jurado.

Treinta y ocho casos (el 29.7%) fueron denegados y los 87 restantes (el 68%) siguen pendientes en el 2013, lo cual implica que todavía se puede presentar cargos penales contra estas mujeres. Este limbo jurídico tiene un obvio efecto negativo en la vida de las mujeres; además de que afecta su vida personal y familiar, también puede afectar su vida profesional. Las mujeres también tienen que cumplir con algunos requisitos, tales como restricciones para viajar fuera del estado sin autorización del juez.

Un análisis cualitativo a fondo de ocho procesos judiciales mostró que la mayoría de los casos entraron al sistema penal de justicia cuando trabajadores públicos (profesionales de la salud y/o agentes de la policía militar en servicios públicos) denunciaron a las mujeres cuando encontraron evidencia de abortos ilegales. La policía militar que trabaja dentro del sistema de salud pública y recibe quejas de profesionales de la salud puede llevar a cabo una investigación si las mujeres cometieron un crimen antes de buscar atención médica o mientras la mujer recibe atención de urgencia. En un caso, una mujer fue arrestada y acusada después de confesar a un agente de policía que se hizo pasar por trabajadora social.

Invasión policial del derecho de las mujeres a la privacidad en Mato Grosso do Sul

En Mato Grosso do Sul, Brasil, el 13 de abril de 2007, la policía llevó a cabo una redada en una clínica privada y confiscó los expedientes médicos de más de 9600 pacientes de sexo femenino, violando el derecho de las mujeres a la privacidad y confidencialidad en atención médica. La Dra. Neide Mota Machado, dueña de la clínica, y parte de su personal de salud, fueron enjuiciados por aborto ilegal basado en entrevistas en la TV y en documentos clínicos y equipo médico que fue confiscado.

En diciembre de 2009, se encontró muerta a la Dra. Mota Machado en su carro en Campo Grande. La investigación de la policía concluyó que se suicidó. El 8 de abril de 2010, un juzgado falló que cuatro profesionales de la salud que trabajaron en la clínica eran culpables. El psicólogo de la clínica fue condenado a seis años y medio de prisión. Las tres enfermeras auxiliares recibieron sentencias de cuatro a siete años de prisión. Fueron acusadas de participar en 25 abortos en la clínica.

Las entrevistas realizadas por Ipas describen el miedo y la vergüenza de las mujeres y las reacciones negativas consiguientes de sus familias, colegas y amistades cercanas. Algunas mujeres no le han contado a nadie los detalles del caso (Galli et al. 2010). Los medios de comunicación publicaron ampliamente la redada en la clínica, pero las voces de las mujeres han estado notablemente ausentes del debate. Como resultado de las investigaciones discriminatorias e intensas,23 muchas mujeres que ahora buscan atención médica relacionada con un aborto tienen miedo de la estigmatización, investigación penal y la divulgación de su historia clínica privada a sus familiares, colegas, o el público en general.

Hubo casos similares al de Mato Grosso. Redadas en clínicas de aborto clandestinas en varios estados han resultado en el arresto y juicio de mujeres y médicos. En agosto de 2009, por ejemplo, la policía llevó a cabo redadas en cuatro clínicas de la ciudad de Río de Janeiro. Hay poco conocimiento sobre estos eventos en Brasil, fuera de los estados donde ocurrieron.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s