Cuando el aborto es un crimen. La amenaza para las mujeres vulnerables en america latina Caso 1

Venta de cytotec misoprostol medellin colombia
Venta de cytotec misoprostol medellin colombia

Caso 1:

Bolivia La situación en Bolivia es alarmante. La investigación reveló que casi siempre eran las mujeres pobres las que eran denunciadas a la policía. Generalmente, las denuncias fueron presentadas por un/a prestador/a de servicios de salud, un pariente, una pareja o la oficina del fiscal público. En algunos casos, el Defensor de Niños y Adolescentes presentó la demanda a la policía en nombre del feto.

Los casos de aborto languidecen durante muchos meses. Puede tomar años hasta que un caso se archive. Una vez que un caso se archiva puede ser reactivado si se encuentra y se presenta nueva evidencia.

Mientras esperan que sus casos avancen las mujeres están en un limbo legal, inciertas sobre qué puede pasar y cuánto tiempo tomará. Según el abogado boliviano César Quiroga, experto jurídico en derechos reproductivos y el sistema penal boliviano, “las quejas que se presentan en contra de las mujeres son una táctica para asustar o enseñarle una lección a las mujeres”. Los artículos 263 al 269 del código penal boliviano penalizan el aborto; las sanciones se distinguen según la acción, el actor, y en algunos casos, la motivación. Por ejemplo, la sanción para una mujer o prestador/a de servicios de salud se puede reducir si el aborto se realizó para “salvar el honor de la mujer.”8 Las sanciones van de uno a seis años en prisión.

Metodología Se examinaron datos de los medios de comunicación, registros de seguridad pública, y registros judiciales en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Fiscalía: Tanto la oficina del fiscal público como la policía pueden recibir y poner quejas contra una persona por acciones relacionadas con un aborto ilegal. Si se presenta una queja a la policía, la policía tiene la obligación de informar a la fiscalía y la policía o el fiscal deben comenzar una investigación. Ya que todos los documentos oficiales relacionados con procesar casos de aborto se guardan en la base de datos de la fiscalía, no se examinaron los registros de la policía.9 Los datos que se examinaron abarcan el período del 2008 al 2012. Al examinar los registros de la fiscalía se encontró que se iniciaron investigaciones de abortos ilegales en 775 casos.10 En la ciudad de Santa Cruz hubo 80 casos; en La Paz, 349 casos.

Uno de estos casos resultó en condena y la mujer involucrada, Helena, fue encarcelada durante ocho meses. Registros del tribunal Se analizaron datos en el período del 2005 al 2013 procedentes de la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Ambos tribunales tienen jurisdicción nacional. También se examinaron los archivos de los tribunales departamentales de los distritos de La Paz y Santa Cruz. Tribunal Supremo de Justicia: Ésta es la última instancia para escuchar y procesar casos. Cinco casos llegaron a este Tribunal por medio del proceso de apelaciones; uno fue en contra de un médico residente por realizar un aborto ilegal en el Hospital General Oruro.

Los otros cuatro casos ocurrieron antes del 2005 y no se incluyeron en esta investigación. Tribunales de Justicia Departamentales: toda apelación de casos debe ser procesada por este departamento. Entre el 2006 y el 2012, 71 casos de abortos “ las quejas que se presentan en contra de las mujeres son una táctica para asustar o enseñarle una lección a las mujeres” — abogado César Quiroga

6 Cuando el aborto es un crimen ilegales se presentaron en La Paz y 61 casos se presentaron en Santa Cruz. Es importante mencionar que la población de La Paz es considerablemente más grande que la de Santa Cruz. Para la mayoría de las mujeres, después que se denunciaron sus abortos ilegales, sus casos fueron abandonados porque no hubo seguimiento por parte del acusador o porque ni la policía ni el sistema judicial tomaron acción.

El caso de Helena Helena,12 de veintiocho años, es una indígena guaraní. Vive en extrema pobreza con su pequeña hija en la ciudad de Santa Cruz. En enero de 2012 quedó embarazada a causa de una violación. No presentó una denuncia por la violación y no pidió autorización judicial: Dijo que tenía miedo que la policía no iba a creerle si denunciaba la violación y no sabía que podía obtener un aborto legal. No sabía que podía ir a la cárcel por interrumpir su embarazo. Durante su vigésima-tercera semana de embarazo tomó misoprostol, sufrió graves complicaciones y fue al Hospital de Maternidad Percy Boland para recibir atención. En el hospital expulsó al feto y fue esposada y detenida mientras estaba en el hospital. Helena estuvo bajo custodia de la policía, vigilada por dos agentes, durante su estadía de 10 días en el hospital, mientras que la unidad de homicidios investigaba su caso.

El Defensor de Niños y Adolescentes la denunció a la fiscalía por el crimen de aborto. Durante la investigación, se estableció que una amiga había comprado las pastillas para Helena en una farmacia. Como resultado, la policía llevó a cabo redadas de varias farmacias y las cerró por vender misoprostol sin receta. Nadie fue arrestado. El 3 de febrero de 2012, Helena fue acusada oficialmente y puesta bajo detención preventiva 13 en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. El defensor público de Helena apeló inmediatamente la orden de detención preventiva, pero después de un largo retraso la apelación fue rechazada por el Primer Tribunal Departamental Supremo de Santa Cruz el 16 de abril de 2012.

Helena estuvo en prisión durante ocho meses hasta que concluyó su caso en octubre de 2012. Estuvo encarcelada en malas condiciones y, a pesar de no recibir una sentencia formal, tuvo que compartir espacio con personas sentenciadas por una variedad de crímenes. El 6 de junio de 2012, Helena solicitó una audiencia para declararse culpable por el crimen de aborto y así acelerar su caso y regresar a su hija. La madre de Helena cuidó de su hija mientras Helena estaba en prisión.

Debido al estigma en torno al aborto, Helena nunca le contó a su familia lo sucedido y para explicar su ausencia dijo que estaba trabajando en Argentina. La fecha para la audiencia que solicitó Helena cambió tres veces hasta que se llevó a cabo en octubre. Su defensor público no se presentó para defenderla. La sentenciaron a dos años en prisión. Sin embargo, la legislación boliviana permite la opción de cumplir la sentencia fuera de prisión si se solicita un perdón judicial. Helena solicitó y recibió el perdón. Ocho meses después de la acusación inicial, el 17 de octubre de 2012, y después de varias complicaciones administrativas en la cárcel de Palmasola, Helena finalmente fue puesta en libertad.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s