El caso de Helena

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Helena, de veintiocho años, es una indígena guaraní.

Vive en extrema pobreza con su pequeña hija en la ciudad de Santa Cruz. En enero de 2012 quedó embarazada a causa de una violación.

No presentó una denuncia por la violación y no pidió autorización judicial: Dijo que tenía miedo que la policía no iba a creerle si denunciaba la violación y no sabía que podía obtener un aborto legal.

No sabía que podía ir a la cárcel por interrumpir su embarazo. Durante su vigésima-tercera semana de embarazo tomó Cytotec misoprostol, sufrió graves complicaciones y fue al Hospital de Maternidad Percy Boland para recibir atención.

En el hospital expulsó al feto y fue esposada y detenida mientras estaba en el hospital. Helena estuvo bajo custodia de la policía, vigilada por dos agentes, durante su estadía de 10 días en el hospital, mientras que la unidad de homicidios investigaba su caso. El Defensor de Niños y Adolescentes la denunció a la fiscalía por el crimen de aborto. Durante la investigación, se estableció que una amiga había comprado las pastillas para Helena en una farmacia.

Como resultado, la policía llevó a cabo redadas de varias farmacias y las cerró por vender misoprostol sin receta. Nadie fue arrestado. El 3 de febrero de 2012, Helena fue acusada oficialmente y puesta bajo detención preventiva 13 en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. El defensor público de Helena apeló inmediatamente la orden de detención preventiva, pero después de un largo retraso la apelación fue rechazada por el Primer Tribunal Departamental Supremo de Santa Cruz el 16 de abril de 2012.

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Helena estuvo en prisión durante ocho meses hasta que concluyó su caso en octubre de 2012. Estuvo encarcelada en malas condiciones y, a pesar de no recibir una sentencia formal, tuvo que compartir espacio con personas sentenciadas por una variedad de crímenes. El 6 de junio de 2012, Helena solicitó una audiencia para declararse culpable por el crimen de aborto y así acelerar su caso y regresar a su hija. La madre de Helena cuidó de su hija mientras Helena estaba en prisión. Debido al estigma en torno al aborto, Helena nunca le contó a su familia lo sucedido y para explicar su ausencia dijo que estaba trabajando en Argentina. La fecha para la audiencia que solicitó Helena cambió tres veces hasta que se llevó a cabo en octubre. Su defensor público no se presentó para defenderla. La sentenciaron a dos años en prisión. Sin embargo, la legislación boliviana permite la opción de cumplir la sentencia fuera de prisión si se solicita un perdón judicial. Helena solicitó y recibió el perdón. Ocho meses después de la acusación inicial, el 17 de octubre de 2012, y después de varias complicaciones administrativas en la cárcel de Palmasola, Helena finalmente fue puesta en libertad.

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